El SMI amenaza a bares y tiendas

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Fuente: El Mundo.

Cepyme avisa de que el incremento a 1.000 euros del salario mínimo destruiría hasta 135.000 puestos, la mitad en hostelería y comercio. El Gobierno detiene cuatro años de subidas y los sindicatos advierten de que se movilizarán.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que parte del Gobierno de coalición quiere llevar a cabo, y que los sindicatos insisten en que se aplique, amenaza de «manera especial» a «sectores muy perjudicados por la actual crisis, como la hostelería y el comercio», así como a «los jóvenes». Es la advertencia que contiene un estudio elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) junto a Randstad Research, que fue publicado ayer, y que está en línea con la que ya han realizado numerosos economistas expertos en el mercado laboral.

El señalado documento parte de la premisa de que el Gobierno asumirá el compromiso de Unidas Podemos de elevar «inmediatamente» el SMI hasta los 1.000 euros, lo que supondría un incremento del 5,2%. En ese caso, Cepyme estima que el impacto sería de hasta 135.000 puestos entre 2021 y 2022, «incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial». Y que más de la mitad de esa destrucción se concentraría en hostelería y comercio, sectores que han acabado con «varios cientos de miles de empleos y tienen en riesgo decenas de miles adicionales, con especial incidencia en las pymes». Además, a los jóvenes, así como a los «trabajadores con menor cualificación», les resultará «más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen».

Ese incremento del 5% se antoja ahora mismo complicado ya que, aunque los sindicatos siguen exigiendo que el SMI llegue a 1.000 euros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rebajó recientemente sus pretensiones a un aumento del 0,9%. De hecho, en su último Consejo de Ministros del año, el Gobierno decidirá hoy mantenerlo congelado hasta una revisión durante 2021. Incluso así, cualquier variación en el salario mínimo amenaza con tener, aunque con cifras más reducidas, unas consecuencias igualmente negativas para los sectores y población apuntados. El motivo es que los salarios en esos ámbitos acostumbran a ser reducidos, y un aumento del SMI es algo complicado de asumir para muchos empresarios, que al mismo tiempo tendrían un desincentivo a la contratación.

La publicación del estudio se produce tras dos semanas de fuerte confrontación en el seno del Gobierno, y cuando el incremento que se adelantaba para el Consejo de Ministros de hoy ha quedado aplazado sin que todavía haya una decisión cerrada sobre si variará, en qué medida y en qué plazo.

Tras recibir un fuerte impulso por parte de Díaz, la última palabra ha terminado siendo de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para quienes el momento actual no es oportuno para decretar un incremento, y la decisión se tomará a lo largo del primer semestre, en concreto, a partir de mayo, según Calviño.

El desenlace a las dos semanas de presión ha caído como un jarro de agua fría sobre los sindicatos, que consideran que el bloqueo producido es una «congelación de facto» que otorga derecho de veto a los empresarios. Tras el golpe sobre la mesa de Calviño, el Gobierno no ha dado noticias a los agentes sociales sobre sus intenciones. Trabajo no les ha convocado para explicarles cuál es su decisión, y los sindicatos ya han trasladado en el seno de sus organizaciones que, si no hay novedades antes de febrero, convocarán movilizaciones y cambiarán el signo de su diálogo con el Gobierno.

En CCOO y UGT cunde la sensación de que así como la ministra de Trabajo ha lanzado multitud de iniciativas de transformación del mercado laboral, la mayor parte de ellas quedan en un limbo jurídico o son directamente rechazadas por Calviño antes de llegar al Consejo de Ministros. Además del SMI, los sindicatos recuerdan la legislación sobre falsos autónomos, el accidentado comienzo de las negociaciones para la reforma de las pensiones que prepara José Luis Escrivá, o las sucesivas patadas hacia adelante que el Gobierno ha dado a la reforma laboral.

El desenlace ha dejado claro a los sindicatos que Díaz puede apoyarles, pero no es el interlocutor definitivo. Ahora, sin una decisión clara por parte del Ejecutivo que muestre su disposición a subir o congelar ya el SMI o su compromiso a buscar fórmulas como una subida que pueda ser revisada no más allá de marzo, los sindicatos amenazan con dar por agotado el margen de confianza que han otorgado a Pedro Sánchez.

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