Los grandes fondos serán compensados por los desahucios suspendidos

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Fuente: El Economista.

El Gobierno espera poder aprobar el nuevo decreto antes de que acabe el año.

Los pequeños propietarios y los grandes tenedores de viviendas en alquiler tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que le haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable, una vez transcurridos los tres meses que tendrá la administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional. Así consta en la propuesta de decretoley antidesahucios que llevó ayer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, y que está sujeta todavía a aportaciones de otros ministerios.

Según el texto, al que ha tenido acceso Efe, la compensación consistirá en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador en el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento. La propuesta del Mitma recalca que, si la solución habitacional se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, el propietario no tendrá derecho a solicitar la compensación, es decir que esta no es de oficio, sino previa solicitud y acreditación del perjuicio económico.

Esto supone un giro de 180 grados respecto a las últimas declaraciones realizadas el lunes por el ministro de Mitma, José Luis Ábalos, que aseguró que el Ejecutivo no estaba estudiando ninguna reparación hacia los propietarios, sino que únicamente valoraba cómo prever reclamaciones por responsabilidad penal contra el Estado, ya que era de suponer que los bancos y fon dos de inversión llevasen a cabo acciones legales contra la polémica medida. Esto es precisamente lo que ha llevado al PSOE a defender ante Podemos la necesidad de compensar a los propietarios de las viviendas. De hecho, en declaraciones recogidas por EP, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, subrayó que su formación no se siente “especialmente cómoda” respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda, pues estas entidades tienen que “asumir una responsabilidad” al estar haciendo negocio “con un bien de primera necesidad” como es la vivienda. Belarra destacó la importancia de que los grandes tenedores pongan sus viviendas vacías a disposición de las familias vulnerables mediante alquiler social o hacerlo en colaboración con las administraciones públicas.

Uno de los puntos que hizo saltar las alarmas en el sector fue que el nuevo decreto también da cobertura a aquellas familias “en precario”: ocupantes de una vivienda sin contrato legal, es decir, okupas que estén en viviendas de grandes tenedores (propietario de más de diez viviendas). En este caso, las autonomías tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias. Según apunta El País, que ha tenido acceso al borrador, para que los grandes propietarios puedan recibir una compensación en estos casos deberán acreditar que la situación les causa un perjuicio económico y demostrar para ello que, antes de que la vivienda fuera ocupada, estaba ofertada para su venta o alquiler. Así, no se compensará a pisos que estuvieran vacíos y que fondos, bancos u otras compañías tuvieran inactivos antes de ser ocupados.

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