¿Es legal contratar a empresas privadas para desalojar okupas?

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Fuente: Expansión

Las restricciones a la movilidad impuestas por el Covid-19 han provocado que aumenten tanto las denuncias de asaltos a viviendas como la proliferación de compañías que ofrecen sus servicios para desalojos exprés.

Después de buscar en Internet la palabra desokupación, las primeras páginas de resultados ofrecen una variada lista de empresas privadas encargadas de desocupar inmuebles de una forma exprés o urgente. Además de presumir de la rapidez con la que efectúan el desalojo, estas compañías muestran como reclamo la imagen de profesionales de deportes de combate. Boxeo, muay thai, artes marciales mixtas (MMA), Brazilian jiujitsu (BBJ) o judo son sólo algunas de las disciplinas en las que sobresalen sus trabajadores. Fotos en gimnasios profesionales y enlaces a redes sociales con vídeos de ejercicios y combates en los que participan no dejan lugar a dudas del perfil del empleado.

Otra característica de estas empresas es la de calificar sus servicios como una intermediación con inquilinos morosos. Según Javier García, director del departamento jurídico de Fueraokupas, una de las empresas cuyo nombre aparece en los buscadores de Google, “la intermediación a través del diálogo es el método más tradicional que existe y, por tanto, legal”. Para el profesional, “todo el mundo acude a ella antes de recurrir a la justicia ordinaria y esto es lo que hacemos nosotros”.

A pesar de esto, García reconoce que “es cierto que la intermediación no se realiza muchas veces en un marco muy amistoso y que a todos los operativos o gestiones acude un letrado que vela para que se respete la legalidad”.

Alta efectividad

A la hora de valorar la presencia de los desokupadores (como así se refiere a sus profesionales), el director jurídico de Fueraokupas no duda en definir esta intervención como “altamente efectiva”, asegurando que “los okupas vienen de reírse en las narices de la propiedad que intenta siempre por todos los medios llegar a soluciones con ellos pero sin éxito. Nuestra presencia, lo que provoca en estas personas es que se tomen la situación en serio y entienden que ha de terminar lo más rápidamente posible”, reconoce.

La rotundidad que muestra contrasta con la prevención que recomiendan los expertos legales consultados. A pesar de que un letrado asiste a los operativos o gestiones de estas empresas, las recomendaciones se dirigen a solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para estas tareas y a la interposición de denuncias por la vía legal correspondiente.

Protocolo

De hecho, en septiembre, se daba a conocer el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la okupación ilegal de inmuebles. De esta forma, el Ministerio del Interior unificaba criterios para que la actuación policial, en primera y segunda vivienda, estuviera dirigida a elaborar atestados más precisos. El objetivo es contribuir al desalojo inmediato y a la detención de los okupas sin la petición de medidas judiciales. Presentar evidencias de que existen coacciones al dueño de la vivienda o que hay un consumo irregular de luz y agua en el inmueble es fundamental para que prospere la denuncia. Con el estallido de la pandemia las normas han cambiado. La cláusula Covid en los contratos de alquiler de vivienda es una fórmula que protege tanto a propietarios como a inquilinos, previendo la extensión del estado de alarma y los confinamientos que previsiblemente continuarán en los primeros meses del nuevo año. Para Inmaculada Béjar Vázquez y Magdalena Suárez Villalba, abogadas de Montero Aramburu, “resultaría conveniente que los contratos de arrendamiento de vivienda en el momento actual incluyan una cláusula que prevea los derechos y obligaciones de las partes”.

En concreto, en caso de concurrir circunstancias excepcionales, “el arrendatario se compromete a no abandonar la vivienda inmediatamente, a cambio de obtener una considerable rebaja en la renta”, señalan las letradas. La fórmula protege a ambas partes, pues el propietario evita que el inquilino se marche precipitadamente y mantiene su vivienda ocupada y vigente el contrato mientras que el inquilino ve disminuido el coste de alquiler.

Por otro lado, desde empresas como Sareb, cuyo objetivo es liquidar y vender el conjunto de su cartera de viviendas, reconocen que están adaptando “sus protocolos y políticas a las nuevas circunstancias”.

Además de eludir la intervención de los mediadores privados en las okupaciones de su cartera, consideran como procedimiento principal ante la okupación el proceder a la denuncia del hecho delictivo. “Con los nuevos protocolos es requisito indispensable para la intervención inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en el momento de la denuncia se acredite la propiedad del bien inmueble ocupado o usurpado. En el primer caso, preferiblemente con la escritura de la propiedad. En el caso de la usurpación, desde el mismo momento en que se tenga conocimiento del hecho delictivo aunque se hubiera producido con anterioridad, confirman fuentes de Sareb.

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