Los fondos avisan: Subida de precios y menos oferta por el decreto de alquiler

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Fuente: Expansión

Azora, Aliseda, Anticipa, Blackstone, Catella y Chamberí Asset Management critican que el Gobierno resucite el decreto en tiempo de descuento con medidas que creen que retraerán el mercado.

Fondos e inversores están ‘perplejos’ ante la intención del Gobierno de resucitar el decreto de alquiler que estuvo en vigor un mes y que tumbó el Congreso y de hacerlo en tiempo de descuento electoral con medidas más restrictivas. Azora, Aliseda, Anticipa, Blackstone, Catella y Chamberí Asset Management alertan de que esta iniciativa va a subir los precios y reducir la oferta. El borrador que ultima el Gobierno con Podemos cuenta con el aval de ERC y PDeCAT, a la espera de que el PNV se pronuncie.

Incluye una bonificación de la cuota del IBI del 80% para el propietario que contenga el precio según un índice que insta a las comunidades a elaborar en ocho meses e impide que los precios crezcan más que el IPC en cinco años, siete para las personas jurídicas. Además, otorga validez a todos los contratos, aunque no estén inscritos en el Registro, y establece que la comisión del mes de la inmobiliaria debe pagarla el propietario persona jurídica.

Javier Rodríguez Heredia, socio de Azora y presidente de la Comisión de Arrendamiento Residencial de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), cree ‘muy grave que un asunto de esta trascendencia para millones de españoles se dirima en la negociación de Podemos y el Gobierno, sin consenso ni debate parlamentario ni sectorial. Más grave’ aun le parece que se ‘apruebe con las Cámaras disueltas en tiempo de descuento’. Cree que ‘en vez de actuar contra la escasez de vivienda pública y asequible, se interviene el mercado libre, lo que va a retraer la oferta sobre todo de cara a los inquilinos más vulnerables’.

En una carta remitida a los grupos parlamentarios y al Gobierno, Asipa expresa su ‘honda preocupación y alerta de los efectos negativos’ que algunas de las medidas tendrán para millones de ciudadanos en el ejercicio de un derecho como el del acceso a la vivienda. Asipa considera que algunas medidas nuevas ‘no garantizan la seguridad jurídica ni el equilibrio razonable entre las partes’. ‘Las medidas van a impedir cumplir el objetivo de incrementar el parque de vivienda en alquiler y van a provocar la destrucción de una parte importante del mismo, impactando además de forma negativa en el mercado libre’, añade.

Eduard Mendiluce, consejero delegado de Aliseda y Anticipa, considera que ‘alargar los plazos y perjudicar a los inversores profesionales va a suponer que la oferta se reduzca y los precios aumenten. Se va a lograr lo contrario de lo que se pretende: más tensión en el mercado’.

A Mendiluce le causa ‘perplejidad que el Ejecutivo vaya a legislar a pocos días de la disolución de las Cortes. En algo más de tres meses, el mercado del alquiler habrá estado sometido a tres normativas distintas, lo que aumenta la inseguridad jurídica, paralizando las operaciones y posibles nuevas inversiones’.

‘Esta injustificada discriminación a los operadores profesionales supone un freno definitivo al desarrollo de una oferta más cualificada y de calidad’, lamenta, y recuerda que ‘los operadores profesionales suponen una mínima parte (3%), al contrario de otros países europeos. Esta legislación nos aleja definitivamente de los mercados más modernos y desarrollados’.

Pablo Carvajal, director de Capital Markets de la consultora inmobiliaria Catella, subraya que ‘el mercado del alquiler afecta a millares de ahorradores y es un segmento clave para un sector inmobiliario en pleno crecimiento. Cualquier regulación debería ser sometida a un análisis riguroso por expertos’.

Carvajal recuerda que ‘la regulación del arrendamiento ya se ha intentado antes. En Francia, la aprobación de la Ley Alur en 2015 no tuvo el resultado esperado, siendo además anulada en 2017 por la Corte Administrativa. Es el mercado y no la Administración el que debe regular los precios’. Y advierte de que ‘legislar apresuradamente sobre un asunto tan importante puede enviar un mensaje equivocado a los inversores, que temen la inseguridad jurídica y la incertidumbre’.

José Luis Ruiz Bartolomé, director general de Chamberí Asset Management, vaticina que ‘si el decreto sale adelante, el periodo de incertidumbre va a ser muy largo. Hasta después de las autonómicas no habrá gobierno y la actividad va a estar en mínimos, con lo que el sector va a estar paralizado medio año. Durante el mes en que estuvo en vigor el decreto las operaciones cayeron un 30%’.

Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, subraya la ‘perplejidad’ entre los operadores. Augura ‘una probable paralización en el mercado’ y un aumento de ‘la inseguridad jurídica’. ‘Limitar las rentas al IPC durante siete años para empresas supone una sobrerregulación discriminatoria’, advierte.

Por último, el presidente de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, pide al Gobierno y a los Grupos parlamentarios que haya consenso para que no se vuelva a generar incertidumbre. Como la limitación de precios sigue sin aparecer, augura que, ‘a corto plazo, el mercado se enfrentará a otra nueva ley’.

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